De acuerdo con el balance que nos va dejando el año que termina, Colombia se verá enfrentado en los próximos doce meses a nuevos retos en el orden económico, social y político que, sin duda, le trazarán nuevos rumbos al país. Será el año de la recuperación de los empleos perdidos, de la superación de la pandemia, gracias al proceso de vacunación que adelanta el Gobierno con el respaldo de los empresarios, pero, a la vez, de la reactivación de la economía, en su conjunto.

Con las dificultades propias generadas por un fenómeno extraño como el inesperado COVID-19, debemos reconocer que el Gobierno utilizó los mecanismos para hacerle frente a este contagioso virus. Negoció la adquisición de las vacunas necesarias para beneficio de todos los ciudadanos, sin distingo de raza, credo y nacionalidad, porque también fueron atendidos los inmigrantes venezolanos que se vieron obligados a dejar su querida nación como respuesta a un Gobierno que ha desconocido los más elementales principios de un estado de derecho. Los colombianos no podíamos ser indiferentes con aquellos vecinos que en años anteriores dieron albergue a muchos de nuestros compatriotas que entonces buscaban un mejor futuro para ellos y sus familias.

Todos los indicadores nos permiten ser optimistas en cuanto a que asistiremos a una recuperación de la economía sin mayores sobresaltos y con el acompañamiento de las entidades de control y vigilancia garantizando desde ya nuestro permanente aporte al buen suceso de las finanzas públicas. Después de la pandemia, el país debe reponerse para diseñar su futuro con nuevas perspectivas. La hoja de ruta que ha diseñado el Gobierno, a partir del Marco Fiscal de Mediano Plazo, marcará el camino hacia la estabilización y la reducción de la deuda pública.

En línea con los vaticinios del Banco Mundial se requiere de políticas orientadas hacia el fortalecimiento de la situación fiscal. “Hay que volver a generar ahorros, porque nunca se sabe qué otras crisis se avecinan”. De acuerdo con el organismo multilateral, resultaría efectivo hacer recortes en áreas no tan prioritarias y mirar temas relacionados con las reformas tributarias.

Y en este sentido, la presente edición de la revista institucional de la Contraloría General de la República presenta varios enfoques y puntos de vista relacionados con las reformas que requiere el sistema tributario territorial que, unido a la descentralización política y administrativa del país, son fundamentales para la construcción de Estado, el desarrollo institucional, la cohesión social y, en general, el progreso de Colombia.

Como ha sido tradición, desde nuestra entidad nos comprometemos a velar, sin desfallecer, por el buen destino de los dineros públicos en todos los frentes, máxime cuando el Gobierno ejecutará el próximo año el más grande presupuesto de inversión pública en la historia del país, ya aprobado por el Congreso de la República y que asciende a 69,6 billones de pesos. Resulta oportuno anotar que el monto definitivo del Presupuesto General de la Nación para la vigencia mencionada llega a los $350,4 billones de pesos.

Este presupuesto se constituye en el instrumento para garantizar la continuidad de los programas de gasto más importantes para los colombianos, orientados a superar los niveles de desigualdad, como los de familias en acción, subsidios de vivienda, régimen de subsidio de salud y programas de inclusión social y reconciliación.

La administración del presidente Iván Duque, a la que solo le restan seis meses de gestión, tendrá el gran reto de seguir impulsando los programas relacionados con la paz, la seguridad, la justicia, el orden público, la economía y el bienestar ciudadano para que quien resulte ungido como su sucesor no encuentre mayores tropiezos y continúe engrandeciendo la república.

En el nuevo año que se inicia, Colombia deberá escoger el camino, por las vías democráticas, para un futuro promisorio. Somos un país de instituciones sólidas que a través de la historia ha demostrado que no se deja influir ni engañar por cantos de sirena, enemigo de los cambios abruptos. Nuestra democracia permite ahora –como siempre lo ha hecho– que candidatos de distintas ideologías hagan públicas sus propuestas y programas de gobierno para que sus compatriotas, en su sabiduría y libre decisión, escojan a quien consideren que resulte más conveniente para emprender el manejo de los destinos de la patria.

De otra parte, es bueno anotar que la Contraloría General de la República impulsó una reforma al control fiscal que contó no solo con el apoyo del Congreso sino también del Gobierno y la Corte Constitucional.

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