En el segundo semestre el Congreso de la República aprobó dos proyectos de ley importantes para el Sistema General de Regalías, uno es la reforma que ya fue sancionada por el Presidente de la República, y el otro es el presupuesto para el bienio 2021-2022, que espera la firma del primer mandatario.

Son dos leyes que le devuelven a las regiones su importancia y su protagonismo en lo que a inversiones para sus municipios se refiere.

Según la senadora Maritza Martínez, el nuevo sistema de regalías se fundamenta en una distribución más equitativa de los recursos, incrementando la asignación directa de los entes productores, pasando de 11,2% a 25% del total de los recursos corrientes del sistema, lo cual llega en el marco de una coyuntura en donde las entidades territoriales deben contar con recursos que les permitan reactivar sus golpeadas economías en medio de la pandemia.

Esto significa que con la reforma se genera un aumento de aproximadamente $1,8 billones para el bienio 2021-2022, respecto a los $2,07 billones del presupuesto actual, llegando así a un gran total de $3,86 billones. De dichas asignaciones, 5 puntos porcentuales, es decir, $771 mil millones, podrán ser anticipados a los municipios productores, robusteciendo así la asignación para los municipios y departamentos productores de recursos naturaleza no renovables.

Con el nuevo SGR, el 60% de los recursos de la asignación quedará en cabeza de los departamentos para proyectos de impacto regional y sin necesidad de surtir un trámite previo ante el OCAD respectivo; mientras que el 40% restante se destina a una bolsa regional a la cual podrán acceder mediante trámite de aprobación en el OCAD Regional.

La ley establece la eliminación de alrededor de 1.100 OCAD que eran las instancias encargadas de aprobar los proyectos para invertir las regalías en cada municipio y departamento. En adelante sólo serán 8 que corresponderán a seis regionales, uno de Ciencia y Tecnología y uno de Paz. De esta manera, serán los alcaldes y los gobernadores quienes en su territorio deberán, no solo priorizar y viabilizar, sino aprobar los proyectos de acuerdo con sus necesidades.

Con el propósito de favorecer la generación de empleo y la reactivación económica, se podrá disponer de manera ágil, mediando una concertación de los gobernadores con cinco alcaldes de cada departamento dentro de los dos primeros meses de 2.021, de los saldos sin aprobar del Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional.

Así mismo, se incorporó la figura de adelanto de recursos, lo que va a permitir en los años 2021 y 2022 traer a presente hasta 70% de los recursos de las próximas cuatro bienalidades, bajo instrumento de crédito y el compromiso de vigencias futuras, con el objetivo de desplegar obras de mayor impacto social por un monto cercano a $5 billones para el desarrollo de los municipios PDET.

Por su parte el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, manifestó que “la nueva ley de regalías implica un cambio trascendental en la asignación de los recursos a las regiones generando mayor inversión a través de cuatro ejes: En primer lugar, una mejor asignación de los recursos a través de un aumento de las asignaciones directas a las regiones productoras y con mayores recursos para los municipios más pobres del país. En segundo lugar, se tiene un ciclo de los proyectos más eficiente, con reducción de tiempos, eliminación de cuellos de botella y actualización de procedimientos. En tercer lugar, se retorna la gobernanza de los recursos a los municipios y departamentos con la eliminación de los OCAD, lo que genera menores actores en las instancias de viabilidad, aprobación y ejecución de los proyectos, y, en cuarto lugar, un sistema de seguimiento, evaluación y control con énfasis gestión de los proyectos con enfoque preventivo”.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario con esta norma continúa el proceso de fortalecimiento del Sistema General de Regalías que fue impulsado por el Gobierno nacional a través de una reforma constitucional para incrementar las asignaciones directas a los municipios productores, sin desmejorar las asignaciones a los demás municipios.

Así queda el presupuesto

El proyecto de presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2021-2022, que está para sanción del Presidente, asciende a $17,3 billones, de los cuales más de $16 billones son para proyectos de inversión, lo que equivale al 93% de los recursos.

Este presupuesto está constituido por $15,4 billones de ingresos corrientes, $1,8 billones de rendimientos financieros y $75.000 millones de excedentes financieros del Sistema.

Por regiones la asignación para inversión se divide así: Caribe $3,6 billones; Llanos $2,9 billones; Centro Oriente, $1,7 billones; Pacífico, $1,4 billones; Centro Sur Amazonía, $1,2 billones y Eje Cafetero, $1,05 billones.

El presupuesto materializa dos objetivos medulares de la ley reglamentaria del Acto legislativo 05 de 2019: ubicar la sostenibilidad ambiental como pilar fundamental en toda la estrategia de desarrollo territorial, al asignar recursos para la conservación ambiental y la lucha contra la deforestación; y promover el desarrollo de las comunidades étnicas, mediante la destinación de asignaciones para financiar programas de inversión, definidos por los Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y el pueblo Rrom o Gitano.

El cuidado del ambiente es transversal a esta ley donde se establece que por lo menos 2 puntos porcentuales de las asignaciones para inversión local se destinen a programas ambientales de desarrollo sostenible; 1% del total de los ingresos corrientes totales se orienta hacia programas de conservación de las áreas ambientales estratégicas y a la lucha contra la deforestación; y como mínimo 2 puntos porcentuales de la asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación se deben destinar a investigación o inversión en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible.

Según el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, “por primera vez se contará con una asignación del 5% del total de los ingresos para el medioambiente y desarrollo sostenible, lo que contribuirá a desarrollar más proyectos que aporten al pilar ‘Producir conservando y conservar produciendo’ del Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Dicha destinación asciende, para el bienio 2021-2022, a $771.000 millones”.

Otros objetivos del presupuesto bienal buscan acelerar la implementación de una paz con legalidad, a lo cual se asigna el 7% del total de los recursos por regalías, así como continuar con el fomento de la innovación tecnológica, al destinar 10% del SGR a Ciencia, Tecnología e Innovación y apoyar programas de inversión dirigidos a fortalecer la protección del ambiente y el desarrollo sostenible y la educación superior.

Los recursos para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible financiarán proyectos de acuerdo con la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas, los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas o ecosistemas estratégicos formulados y adoptados por las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible en sus respectivas jurisdicciones, con base en los lineamientos dados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación.

Así mismo, los recursos de inversión en ciencia, tecnología e innovación ambiental se destinarán a proyectos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible o energías renovables no convencionales orientados a la transición energética y reducción de emisiones de carbono.

Las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con sus competencias ambientales, participarán en los escenarios de inversión en temas ambientales en los procesos de formulación y presentación, viabilidad y registro y ejecución de proyectos, así como, en el 20% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación del mayor recaudo generado, conforme con los procedimientos establecidos por la entidad correspondiente.