Pese a una relevante destinación de recursos financieros, durante el periodo 2018-2022, no se logró satisfacer la imperiosa y vital necesidad básica de provisión de agua potable a una proporción muy significativa de la población que carece de la prestación de un servicio adecuado de acueducto, con especiales deficiencias en las zonas rurales.

EL GOBIERNO NACIONAL PRETENDE fortalecer la planeación y la eficiencia de la prestación, cobertura, calidad y continuidad del servicio de agua potable para reducir las brechas entre regiones. Sin embargo, la política no identificó de manera precisa la población por regiones y el contexto socioeconómico que requieren acciones para la solución del problema.

Adicionalmente, a pesar de la asignación significativa de recursos financieros para proyectos de acueducto, la implementación no logró expandir la cobertura del servicio público y no contribuyó siquiera a beneficiar una población superior al crecimiento demográfico, en tanto que persistieron significativas debilidades en materia de calidad y continuidad del servicio, a la par con la persistencia de importantes brechas regionales y urbano-rurales.

Pese a una relevante destinación de recursos financieros, durante el periodo 2018-2022, en Colombia no se logró satisfacer la imperiosa y vital necesidad básica de provisión de agua potable a una proporción muy significativa de la población que carece de la prestación de un servicio adecuado de acueducto, con especiales deficiencias en las zonas rurales del país.

Las necesidades insatisfechas de agua potable

De acuerdo con cifras del DANE originadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018 (CNPV2018) al comienzo del periodo de Gobierno 2018-2022 Colombia contaba con 48.258.494 habitantes, de los cuales el PND identificó como línea base 44.214.643 personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable, lo que significa que más de 4.000.000 de habitantes no contaban con este servicio, lo que representa más del 8% del total de la población.

En el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018 se indica que “…para las áreas urbanas se alcanzó una cobertura nacional urbana de 96,0% en acueducto1 …”, y para esa misma anualidad también se hizo manifiesta una discriminación en la cobertura del servicio de agua potable de las zonas rurales frente a las áreas urbanas, puesto que, de acuerdo con el CNPV-2018, la brecha rondaba el 23,9% (cobertura de acueducto urbano 97,8% y rural de 73,9%)2 A las anteriores deficiencias de cobertura se suman las de calidad del agua, cuyo indicador principal (IRCA) mostraba que en el año 2017, el 31% de la población analizada tuvo suministro de agua no apta para consumo humano, generando riesgos relevantes para la salud y la calidad de vida de la comunidad.

Por otra parte, se identificaron al comienzo del periodo de gobierno, debilidades en materia de continuidad del servicio público de acueducto, como municipios con menos de 20 horas diarias de disponibilidad del servicio.

Los compromisos del PND 2018-2022

El Gobierno Nacional de acuerdo con el diagnóstico realizado para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022, contempló que la provisión de agua debía dirigirse al cierre de brechas existentes entre zonas rurales y urbanas, así como a extender la cobertura del servicio, para con ello contribuir al desarrollo de economías de escala, y de paso a la promoción de la regionalización.

Para cumplir con esta política se pretendía, entre otras cosas, fortalecer la planeación y la eficiencia en la prestación, cobertura, calidad y continuidad del servicio de agua potable y, por esta vía, aportar al cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo, el Gobierno se planteó una serie de estrategias y retos, entre los que se destaca el de fortalecer los Planes Departamentales de Agua (PDA), así como los instrumentos normativos de regulación de mercados regionales, garantizar el mejoramiento del Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), promover la disminución en las pérdidas de agua3 , lograr la identificación de fuentes alternativas y sostenibles de abastecimiento4 y el mejoramiento de deficiencias asociadas al desempeño de las empresas prestadoras y, a la vez, proveer asistencia técnica de forma oportuna de tal manera que se reflejara en la ejecución de proyectos del sector.

Dentro del diagnóstico del PND 2018-2022 no se evidenció un análisis regional que permitiera focalizar las acciones y recursos a ser invertidos en las regiones con el fin de solucionar los problemas más agudos, relacionados con cobertura, calidad del agua y continuidad del servicio, teniendo en cuenta la localización concreta de la población con mayores necesidades.

Por otra parte, en relación con las metas e indicadores diseñados por el gobierno, solo se plantearon los relacionados con el problema de cobertura en acceso a agua potable, pero no se tuvieron en cuenta, de manera discriminada aspectos relacionados con la calidad del agua, ni sobre continuidad del servicio, situación que dificulta y no permite realizar un seguimiento a cada uno de los ámbitos de la problemática identificada.

En el contexto descrito, la CGR revisó los aportes del Gobierno al cumplimiento de estos objetivos y metas planteadas dentro del PND, con el fin de establecer la eficacia en el suministro de agua en términos de cobertura, calidad y continuidad del servicio público, en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional; revisión que se efectuó durante el año 2022, con datos del año 2021, reportados por las entidades del Estado. En términos generales, se observó que la política identifica la problemática del sector y la población objetivo en general, más no la focalización de esa población por regiones y el contexto socioeconómico al cual deben apuntar las acciones para la solución del problema público.

Adicionalmente, se encuentran falencias de planteamiento de metas e indicadores para toda la variedad de la problemática pública; igualmente, se considera que las metas propuestas para el cumplimiento de esta política quedan cortas, frente a los grandes retos que tiene el país en materia de acceso a los servicios de agua potable, ya que las metas propuestas no alcanzan siquiera a cubrir las proyecciones de crecimiento demográfico, y de otra parte, se distancia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados, que el país se comprometió a alcanzar para el año 2030.

Logros y rezagos identificados

En materia de cobertura del servicio público de acueducto

• En términos de cobertura del servicio de agua potable, si bien se están cumpliendo las metas planteadas en el PND 2018 – 2022, sus objetivos anuales fueron bajos, tanto que no alcanzan a cubrir ni siquiera el incremento poblacional de los mismos períodos, lo que hace que no se esté ampliando la cobertura en términos reales a nivel nacional. Gráfico 1.

• Al realizar una comparación entre la cobertura urbana y la rural, se encuentra que a nivel urbano se presentó la misma situación que a nivel nacional, y los avances de las metas no alcanzaron a cubrir el aumento de la población. Sin embargo, a nivel rural la situación es diferente, pues las cifras permiten ver que sí se avanzó en la reducción de ese déficit ya que el número de personas a las cuales se les estaba dando soluciones adecuadas de acceso a agua potable es mayor que el número de personas en que aumentó la población rural en Colombia. Se han superado ampliamente las metas planteadas para los años 2019 y 2020 (122% para 2019 y 39% para 2020), aunque fueron poco ambiciosas frente a la dimensión de los retos, el crecimiento demográfico y la necesaria contribución a los ODS. Gráfico 2

• Si bien en el PND 2018 – 2022 se diagnosticaron problemas relacionados con cobertura, calidad del agua y continuidad del servicio, únicamente se plantearon metas con indicadores relacionados directamente con la cobertura en el servicio de agua potable, lo que impidió que se pudiera medir cuantitativamente el avance relacionado con los demás indicadores que presentaban problemas propios de la política.

• Los indicadores de cobertura reportados en Sinergia – DNP, se basaron en datos provenientes de la GEIH5 , es decir, no son datos provenientes de los programas y proyectos específicos bajo la órbita del MVCT; al provenir de una encuesta nacional, se observa que vienen de datos expandidos que de por sí ya tienen un margen de error importante, y el hecho de que se expandan con la proyección de población del Censo 2005, le da un componente adicional de incertidumbre a esos datos. Además de lo anterior, es preciso señalar que existen unos datos de proyección de población mucho más actualizados, provenientes del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

• En lo referente al indicador denominado “personas beneficiadas con proyectos que mejoran calidad, continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado”, no se cumplieron las metas anuales, conforme a lo programado inicialmente por el Gobierno Nacional; puesto que se benefició a 5.604.980, de las 8.100.000 personas que se tenía previsto beneficiar hasta 2021, es decir el 69% de la meta; lo que indica que cerca de 2.500.000 personas programadas no contaron con esta atención. Así las cosas, la meta del cuatrienio alcanzó el 51,9%, situación que evidencia el atraso del indicador. Gráfico 3.

• En relación con el indicador “Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Pacífico)”, se observa que el cumplimiento del indicador para el cuatrienio es del 73,73%. No obstante, se aprecia que las metas anuales planteadas son tan bajas, que aún en tiempos de pandemia se superaron hasta en un 200%. Por otra parte, la región pacífica en comparación con las otras regiones del territorio nacional presentó un bajo porcentaje de cobertura de acueducto, evidenciando una brecha entre las zonas urbana y rural. Gráficos 4 y 5.

• En cuanto al indicador Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Seaflower) 6 ”, se observa que no se cumplió con los objetivos propuestos, puesto que el reporte generado a marzo 29 de 2022 es de 0%. Lo anterior se evidencia en que no se registraron proyectos terminados, ni avances periódicos de proyectos en ejecución de ningún tipo durante el periodo. Gráfico 6.

• El avance en el indicador “Nuevas Conexiones Intradomiciliarias” está basado en la cantidad de inmuebles que son apoyados financieramente con recursos asignados al Programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, donde, así los proyectos para la ejecución de esos recursos estén en etapa de viabilización, contratación o ejecución y no se tenga la certeza de cuándo va a culminar su ejecución, se toman como culminados, lo que no refleja la realidad de cuantas conexiones intradomiciliarias efectivamente han sido terminadas, que es lo verdaderamente importante.

Brecha en cobertura urbano - rural

• De acuerdo con los datos de cobertura de personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable, tanto a nivel urbano como rural, se puede concluir, que efectivamente durante el periodo evaluado (2018-2020), se redujo la brecha en cobertura urbano – rural en 2,59 % al pasar de 27,84 % en 2018 a 25,25 % en 2020, evidenciando de esta forma que no hay un avance significativo con miras al cumplimiento del ODS 6 de tener una cobertura en agua potable del 100 % en el año 2030. Gráfico 7.

Calidad del agua

• La toma de muestras para la obtención de datos diferentes factores, entre ellos, por la pandemia del COVID 19, lo que ocasionó que de tener 35 municipios sin información en el año 2019, se haya pasado en el año 2020 a 177, situación que impide que con los datos estadísticos del IRCA se obtenga información que permita ver si hay un avance real de la calidad del agua para consumo humano en el país, los años de referencia son 2018 (1), 2019 (2) y 2020 (3). Gráfico 8.

El gráfico 8 muestra que para el año 2020 de aquellos municipios que se contó con información solo se proporcionó agua potable a 573, en tanto que en 355 municipios se suministró agua no apta para consumo humano.

El gráfico 9, muestra los ocho municipios que se clasifican como inviables sanitariamente. En la ilustración del mapa -gráfico 10- se pueden apreciar la localización de los ocho municipios que tienen un IRCA (2020) superior a 80,1, clasificados en la categoría de inviables sanitariamente. Continuidad en la prestación del servicio durante los años 2019 y 2020.

• Se observa una disminución en la continuidad en la prestación del servicio de agua potable entre los años 2019 y 2020 en 12 de los 32 departamentos del territorio nacional -gráfico 11- y en 14 departamentos el promedio en el suministro de agua para el año 2020 no alcanzó a cubrir las 20 horas/ día. Además, es importante hacer claridad que existen municipios que no cuentan con información de continuidad, por lo tanto, el valor puede reflejar cifras sesgadas. Compromisos Internacionales.

• Respecto a los compromisos internacionales que tiene Colombia en materia de agua potable, y específicamente sobre los ODS, se observa que para el ODS 1 “Fin de la Pobreza”, la política aporta a través del indicador de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), reduciéndolo en un 0,8%, pasando de 11,7% en el 2018 a 10,9% en el 2021. Gráfico 12.

• En cuanto al ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento”, si bien es cierto que se está cumpliendo con las metas propuestas en este ODS, el grado de avance que sobrepasa el 100% (medido a través del indicador del PND “Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable”), indica que las mismas son poco ambiciosas y que en realidad la política de agua potable no contribuye de manera eficiente a asegurar el acceso a los servicios públicos básicos adecuados. Gráficos 13, 13 a y 13 b.

• En relación con el ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, el aporte al cumplimiento del mismo se realiza a través de la disminución de los déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda; en este sentido se puede concluir que el déficit cuantitativo tiene un avance que, a pesar de no haber terminado el cuatrienio, la meta planteada en el PND para este indicador ya se encuentra en un nivel que sobrepasa el 100% de cumplimiento, por tanto, se considera que sí le está aportando en alguna medida al cumplimiento del ODS; y respecto al déficit cualitativo, ha presentado altibajos durante este cuatrienio, lo que ha ocasionado que a diciembre de 2021, el avance apenas llegara al 12%, es decir, que, aunque sí se presentó una reducción del déficit cualitativo, este es mínimo, y por tanto es mínima su contribución al cumplimiento del ODS. Gráficos 14 y 14 a.

Recursos Asignados

• Los recursos asignados a proyectos de acueducto entre los años 2018 y 2021 fueron aproximadamente $4,24 billones, distribuidos en 416 proyectos, el 24 % (aprox. $1,03 billones) correspondiente a aportes de la Nación, el 16 % (aprox. $668 mil millones) a contrapartidas de otras fuentes, el 58 % (aprox. $2,44 billones) en aportes combinados y el 2 % (aprox. $98 mil millones) por otros aportes. Los proyectos se encontraban en diferentes etapas, desde procesos de contratación hasta liquidación. Gráfico 15.

• Si se compara el déficit de personas con acceso a agua por departamentos frente al presupuesto asignado, se observa que este no es consecuente con las necesidades de cada región, dado que los recursos no se asignaron teniendo como principal factor de priorización el déficit presentado.

• Las diferencias más grandes entre los porcentajes de déficit y los de recursos asignados (a favor y en contra), se pueden apreciar en el gráfico denominado “Departamentos con mayores diferencias entre déficit y recursos asignados”. Gráfico 16.

Proceso de evaluación de la calidad en la prestación del servicio

• De acuerdo con lo reportado por la SSPD, la información disponible para el proceso de evaluación de la calidad en la prestación del servicio es adecuada, sin embargo, no se evidenció un indicador que recoja la calificación general de la prestación del servicio público de agua potable y que permita valorar el nivel en el que se encuentra tanto cualitativa como cuantitativamente.

De acuerdo con lo expuesto, se contó con una asignación relevante de recursos financieros para proyectos de acueducto, por más de $4 billones, y sin embargo, la gestión desplegada para la ampliación de la cobertura del servicio público de acueducto no contribuyó siquiera a beneficiar una población superior al crecimiento demográfico, en tanto que persistieron significativas debilidades en materia de calidad y continuidad del servicio, a la par con la persistencia de importantes brechas regionales y urbano-rurales.

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