Antes de 1994 las decisiones alrededor del suministro de energía y gas en el territorio nacional estaba en cabeza del poder ejecutivo, con la llegada de la Ley 142 de 1994 las Comisiones de Regulación empezaron a ser un actor importante, no solo para la energía, sino en distintas áreas de alta relevancia para el país.

De esta forma, las Comisiones comenzaron a encargarse de tomar decisiones fundamentales para los colombianos como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial. Todas se crearon adscritas al Ministerio de su competencia.

En el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, su existencia fue complementada con la Ley 143 de 1994, en la que se estableció el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional; además, de establecerse los fines de la intervención del Estado en este ámbito y las responsabilidades de las autoridades que lo intervienen.

Para Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios públicos y Comunicaciones, Andesco, ambas leyes fueron un gran avance “pasando de lo político a lo técnico”, lo que dio confianza en la institucionalidad para garantizar el abastecimiento energético en el país.

La importancia de la CREG en la seguridad y el abastecimiento

La pregunta más importante que surge es: ¿Para qué sirve la CREG y por qué su importancia? La misma Ley 143 de 1994 la responde, pues en ella se asignan sus funciones, siendo el objetivo máximo la regulación de los servicios de electricidad y gas, con el fin de garantizar que los colombianos puedan acceder a ellos, y cumplir lo estipulado en la Constitución Política de Colombia, cuando en el artículo 365 determina frente a los servicios públicos, que es “deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.

La CREG define la metodología para el cálculo de las tarifas de energía y su aprobación, crea las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera; además, de promover y preservar la competencia e igualmente, establecer el reglamento de operación para realizar la planeación y coordinación de la operación del sistema interconectado nacional, entre otros, según se afirma desde la Comisión.

El papel de la CREG es clave cuando de abastecimientos, seguridad y transición energética se habla, sin embargo, desde el inicio del Gobierno actual, esta Comisión no ha logrado establecerse como lo indica la Ley por tanto, las decisiones importantes y necesarias para entregar seguridad energética al país no se han tomado como se esperaría.

Según afirmó el contralor delegado de Minas y Energía de la Contraloría General de la Nación, Germán Castro Ferreira, una de las dificultades ha sido el nombramiento de los miembros del Comité, el cual está compuesto por “seis expertos comisionados y tres representantes del Gobierno Nacional: el Ministro de Minas y Energía (quien la preside) el Ministro de Hacienda, y el Director del Departamento Nacional de Planeación”.

Frente a ese panorama, y considerando la importancia de las decisiones que la CREG debería estar tomando, distintos sectores han advertido los riesgos que acarrea la demora en la designación de los comisionados, que como afirmó el delegado de la Contraloría, Germán Castro Ferreira, podría “afectar la capacidad de la CREG para tomar decisiones y emitir regulaciones de manera oportuna, técnica y con autonomía, lo que podría repercutir en la estabilidad y eficiencia del sector energético en Colombia”.

Y este escenario parece empeorar al sumar el momento climático que el país vive por cuenta del Fenómeno de El Niño, donde la demanda de energía crece y los embalses pueden verse afectados por el desabastecimiento. De hecho, en la actualidad el nivel de los embalses está en 31 %.

Volviendo a las funciones de la CREG y el porqué de su importancia, Castro Ferreira se refirió a otro de los factores más discutidos en el país cuando de energía se habla: la revisión tarifaria y de sus componentes. Es la CREG donde “se revisa, se evalúa para llevar a cabo toma de decisiones en la materia, por tanto, al ciudadano que paga los servicios de energía y gas, también debe interesarle que quienes toman decisiones que pueden afectar sus bolsillos, estén allí, pues no solo los debates y reuniones pueden contribuir a revisar las tarifas, sino que las medidas que requiere el sector pueden tomarse allí. El Gobierno tiene la facultad y la obligación de nombrar a los comisionados. Entre más demora, mayores pueden ser las dificultades en materia de energía y gas”, enfatizó.

Al mencionar las acciones que ha adelantado el Gobierno Nacional en materia energética, Castro Ferreira explicó que eso debe ser un asunto de la CREG y no del Gobierno. En este sentido, sobre el proyecto de decreto creado para la revisión quincenal de fórmulas tarifarias, indicó que es un tema que ya se encuentra reglamentado en la CREG y que en su concepto podría ser “un distractor, porque el decreto replica lo que ya está definido , en el fondo, lo que se necesita más que una regulación o una normatividad que en la realidad no produzca  efectos, es más bien que se aplique la normatividad que existe., lo que se requiere es actuar, hacer con consideraciones técnicas y económicas, para bien del país y de la misma comunidad”, aseguró.

Otro de los factores relacionados con la CREG que en este momento genera incertidumbre al sector es el retraso en el nombramiento de todos los comisionados. “Eso es devolvernos a lo que ha funcionado en la Ley 142, porque se pasó de lo político a lo técnico. Antes, los ministros tomaban decisiones muy importantes y eso era muy grave porque muchas veces se equivocaban”, aseguró el presidente de Andesco. Sánchez enfatizó que, al no estar nombrados los comisionados, no existe un quórum y es por eso que las decisiones importantes no se están tomando.

Para Castro Ferreira, la no designación de comisionados en propiedad, como lo manda la ley 2099 de 2021 que no da la tranquilidad de independencia “podría limitar la rigurosidad y diversidad de criterios requeridos para la toma de decisiones de la CREG, lo que podría afectar la calidad de regulación y políticas energéticas implementadas en el país”, lo que, además, según su criterio “podría generar desafíos adicionales en la gestión y funcionamiento del sector energético, así como en la protección de los intereses de los consumidores y la promoción de la competencia en el mercado”.

La CREG y la hoja de ruta de la transición energética

Otro de los puntos relevantes donde la CREG tiene injerencia es la transición energética, un proyecto que, a pesar de haber sido bandera del Gobierno, es muy poco lo que se ha concretado. “La transición energética es un discurso que solamente se está teniendo en el país, si el Gobierno realmente quisiera una transición energética más acelerada habría quitado el IVA a los vehículos eléctricos y a gas, que hoy tienen IVA de 5 % y 19 %. Tampoco se le estaría poniendo en la reforma tributaria impuestos a las hidroeléctricas como se está haciendo”, aseguró el presidente de Andesco.

Frente al tema de la transición, el delegado Castro Ferreira enfatizó que las “fallas de funcionamiento de la CREG pueden tener un impacto negativo en la hoja de ruta de la transición energética en Colombia”, pues con la falta de los nombramientos de los comisionados y los retrasos en la toma de decisiones, “pueden obstaculizar la implementación de políticas y regulaciones necesarias para promover el desarrollo de fuentes de energía más limpias y sostenibles, así como la adopción de tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente”.

Agregó que trabajar en una hoja de ruta para la transición energética sin tener definiciones claras, cronogramas y presupuestos, “también es preocupante”. Esa es la razón por la que la Contraloría le ha solicitado al Gobierno “las medidas concretas que plantea, con políticas claras, objetivos metas, cronogramas y presupuesto”. Frente a esta solicitud, nada se ha logrado a pesar de haber pactado su entrega en diciembre de 2023.

Castro Ferreira también mencionó que el Gobierno no ha facilitado la información sobre “cuáles son las actividades y presupuestos con que se vayan a suplir los ingresos y las actividades de reconvención laboral”.

Las conclusiones que deja este panorama y los comentarios de los voceros consultados para este informe, es que el sector energético atraviesa una situación que no solo pone en vilo la seguridad del abastecimiento y la obtención del recurso para todos los colombianos, sino un problema institucional en el que se han debilitado las entidades que toman las decisiones importantes frente a los recursos energéticos y su comercialización. Además, obliga a poner la lupa sobre la importancia en la toma de decisiones técnicas bajo un principio de transparencia y de debida deliberación, algo que no se cumple en la actualidad, ante la lentitud en el nombramiento de los comisionados de la CREG para alcanzar el quórum necesario, una labor que distintos gremios y el sector le solicitan con urgencia a la Presidencia de la República.

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