LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA es la transformación de cómo producimos, transportamos y consumimos la energía. Por ello, en diferentes etapas de la historia, el mundo ha recorrido el camino de la transición por razones económicas y tecnológicas.

En la actualidad, la transición que vivimos está ligada al cambio tecnológico y a la necesidad de reducir y mitigar los efectos del cambio climático. Si bien en nuestro país se ha expresado la necesidad de estar a la vanguardia en materia de transición energética, aspecto que une a los sectores público y privado, nos hemos quedado cortos en orientar la transformación del consumo, y las señales que recibimos desde las políticas públicas tienden a afectar la oferta energética y su crecimiento y a acabar con la producción limpia y eficiente que nos ha caracterizado.

En Colombia la matriz de generación ha sido históricamente renovable, con amplia participación de proyectos hidroeléctricos que reflejan la abundancia de nuestro recurso hídrico y confiable, con energía térmica que permite atender la demanda aún en épocas de crisis asociadas a veranos extremos y disminución del régimen de lluvias. En nuestro país se han dado señales para aumentar la participación de fuentes no convencionales de generación de energía renovable (FNCER), en especial de aquellas cuyas fuentes son el sol y el viento.

Lo anterior, mediante un manejo adecuado de política, resulta positivo pues sin sacrificar recursos abundantes como el agua y altamente confiables como la generación térmica, se incluyen otras fuentes en un contexto de complementariedad eficiente que fortalece la resiliencia del sistema.

Sin embargo, una diversificación de la matriz energética sin un norte claro, sacrifica inversiones en recursos confiables a la vez que elimina la posibilidad de ampliar la participación de recursos no convencionales intermitentes, situación que infortunadamente estamos viviendo porque se han eliminado los incentivos al crecimiento de nuestra capacidad hidroeléctrica y térmica y porque las señales de expansión en generación renovable no convencional son erráticas y no permiten un crecimiento real de sus fuentes.

En este documento presentamos un contexto sobre el estado de la transición energética, para lo cual haremos uso de las características del trilema energético desarrollado por el Consejo Mundial de la Energía (confiabilidad y seguridad, sostenibilidad ambiental y acceso equitativo), con un enfoque en la generación de electricidad.

❯❯ De manera pública voceros estatales han clamado por una estatización del sector, acusando de problemas coyunturales macroeconómicos a agentes que, al igual que cualquier otro actor económico, también son víctimas en mayor o menor grado de las coyunturas.

Confiabilidad y seguridad

Colombia lleva más de tres décadas sin sufrir cortes de energía eléctrica causados por insuficiencia de recursos de generación y transporte, y ello ha sido posible gracias al cambio del modelo de prestación, que pasó del monopolio estatal, a una apertura de la inversión en el que empresas públicas, privadas, mixtas, nacionales y extranjeras, garantizan el desarrollo de la infraestructura requerida para que la mayor parte del país cuente con energía las 24 horas del día, durante todos los meses del año.

El cambio de modelo ha posibilitado inversiones directas superiores a los 130 billones de pesos, cuantiosos aportes tributarios que apalancan el gasto público social, generación de empleo calificado y no calificado, aportes a las regiones y financiación de medidas de protección al medio ambiente, entre otros beneficios. Mantener estos indicadores no es tarea menor, pues tan solo en el sector de generación las empresas encargadas de la actividad deben realizar inversiones que superan los 7 billones anuales para no perderle el paso al crecimiento de la demanda y seguir garantizando un servicio ininterrumpido, confiable y de calidad.

Una diversificación de la matriz energética, sin un norte claro, sacrifica inversiones en recursos confiables a la vez que elimina la posibilidad de ampliar la participación de recursos no convencionales intermitentes, situación que infortunadamente estamos viviendo porque se han eliminado los incentivos al crecimiento de nuestra capacidad hidroeléctrica y térmica…

No obstante dichos esfuerzos así como sus resultados, el actual Gobierno ha dado señales en torno a la decisión de frenar el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos y térmicos que aportan confiabilidad al país, y a pesar de que en el discurso promueve las FNCER, que aportan resiliencia y complementariedad, el aumento de cargas fiscales para éstas, la eliminación de beneficios tributarios, y la falta de coordinación para resolver los problemas socio ambientales que aquejan a sus desarrolladores, desdicen de esa intención, obstaculizan el desarrollo de proyectos en curso y desincentivan el ingreso de nuevos agentes, lo que contribuye al cada vez más agudo estrechamiento de los balances entre oferta y demanda.

Más aún, de manera pública voceros estatales han clamado por una estatización del sector, acusando de problemas coyunturales macroeconómicos a agentes que, al igual que cualquier otro actor económico, también son víctimas en mayor o menor grado de las coyunturas.

Si se insiste en estatizar y se cumple tal cometido, ello no solo privará de diversidad, competencia e innovación al sector, sino que obligará al Gobierno a invertir las sumas de dinero antes anotados en su desarrollo, renunciando no sólo a las inversiones sociales que podría realizar con tales recursos, sino también a los tributos provenientes de los agentes en competencia y los demás beneficios y externalidades asociados a su existencia.

Si queremos no solo crecer al ritmo de la demanda sino mantener un índice de confiabilidad adecuado, los montos deberán ser mayores a los ya citados y los proyectos de transmisión tendrán que ser incluidos en la ecuación, tarea que no es sencilla teniendo en cuenta el contexto mencionado.

El reto es encontrar los proyectos que mantengan los indicadores en su nivel actual pues de acuerdo con el registro de solicitudes de conexión de la UPME, más del 86 % de los nuevos proyectos que podrían ingresar al sistema son solares, y las tasas de ingreso anual frente al potencial esperado no han superado el 30 % en los últimos años.

❯❯ Las medidas orientadas a la reducción de emisiones en nuestro país, no son equitativas ni eficaces teniendo en cuenta nuestra realidad. Al sector eléctrico, cuya matriz es evidentemente limpia, se le ha impuesto el deber de cargar con el peso de la mayor parte de las metas de descarbonización, a pesar de que sus emisiones suman tan sólo el 8 % del total.

Sostenibilidad ambiental

Si bien la reducción de emisiones es un compromiso mundial, lastimosamente menos del 16 % de las emisiones de GEI globales tienen compromisos vinculantes asociados a su mitigación1.

Colombia no está incluida en el grupo de países con deberes en la materia, y aún si lo estuviera, sólo aumentaría la anterior cifra en menos de un 1 %. Pero por el contrario, sí lideramos listas como las de pobreza, con más del 10 % de la población viviendo con menos de 2.15 USD al día2 Adicionalmente, las medidas orientadas a la reducción de emisiones en nuestro país, no son equitativas ni eficaces teniendo en cuenta nuestra realidad.

Al sector eléctrico, cuya matriz es evidentemente limpia, se le ha impuesto el deber de cargar con el peso de la mayor parte de las metas de descarbonización, a pesar de que sus emisiones suman tan sólo el 8 % del total, muy lejos del 59 % del sector conocido como AFOLU (agricultura, silvicultura y otros asociados a la deforestación y la ganadería) en donde las metas son prácticamente inexistentes, lo que se ha justificado recientemente bajo la tesis de que el sector eléctrico es el hermano menor responsable, que debe asumir las cargas de toda su familia.

La reducción de emisiones debe ser un compromiso de país que abarque todos los sectores y se enfoque en aquellos que más las producen, y en donde se concilie la iniciativa de tener un planeta amigable para las próximas generaciones con las necesidades de desarrollo a las que no podemos renunciar.

Acceso equitativo

Colombia debe aumentar su consumo de energía eléctrica si quiere descarbonizar. Al respecto, existe un indicador que refleja el monto de energía que se usa para poder producir una unidad de productividad que para Colombia es de 2.51 MJ/$ (el más bajo de la región)3 mientras que en mercados como Brasil y México tiene una intensidad de 3.93 MJ/$, respectivamente.

❯❯ En la medida en que exista un aumento de la productividad vamos a necesitar un mayor crecimiento de la oferta de energía que, a su vez, permitirá una formación más competitiva y eficiente de los precios, manteniendo las emisiones en los niveles actuales o incluso disminuyéndolas de acuerdo con las metas que tenemos como país. y 3.06 MJ/$, respectivamente.

Pero no solo es un tema de consumo bajo de electricidad en la economía, también es una relación entre la pobreza y las emisiones.

Como podemos ver en el gráfico, Colombia no es un país con altas emisiones y en cambio sí tiene un alto índice de pobreza, lo que evidencia que la prioridad en el manejo de los escasos recursos que tenemos debe orientarse hacia medidas que permitan que la economía crezca, entendiendo que al hacerlo, las emisiones no van a aumentar significativamente. ¿Y por qué es relevante esta información? Porque en la medida en que exista un aumento de la productividad vamos a necesitar un mayor crecimiento de la oferta de energía que, a su vez, permitirá una formación más competitiva y eficiente de los precios, manteniendo las emisiones en los niveles actuales o incluso disminuyéndolas de acuerdo con las metas que tenemos como país.

Expertos coinciden en los retos que enfrentan los países al hablar de transición energética y estos son: i) la recuperación de la seguridad energética, ii) la falta de consenso sobre su gradualidad y iii) una división sobre las prioridades a la hora de definir políticas.4 Colombia no debe ser ajena a la lucha contra el cambio climático, pero las decisiones que se tomen en el sector minero energético, deben incorporar evaluaciones de impactos sociales y económicos, pues las necesidades de nuestro país no son las mismas que tienen las naciones europeas y la instalación de paneles solares y turbinas eólicas no disminuirá la pobreza social ni energética; el esfuerzo debe ser integral, en conjunto con todos los sectores, bajo una coordinación coherente de parte del ejecutivo y eso no se nos puede olvidar. “Para lograr la transición a la energía limpia se necesita mucho más que solo fuentes de energía solar y eólica”5. EC

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