LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 ESTABLECIÓ CATEGÓRICAMENTE QUE la explotación de un recurso natural no renovable debe causar a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía. Y desde un comienzo quedó establecido que el deber de pagar regalías lo genera el hecho mismo de la explotación de los recursos naturales no renovables.

En diferentes normas se dispuso que los departamentos y municipios productores y portuarios recibirían el mayor porcentaje de tales regalías, en promedio un 80 % de las mismas y que el remanente iría al Fondo Nacional de Regalías, a cuyos recursos podrían acceder departamentos productores y no productores. Varias leyes reglamentaron después las normas y provocaron una larga discusión pública sobre la equidad de su distribución. En el Congreso de la República y en múltiples foros territoriales y nacionales se efectuaron debates sobre la distribución de las regalías y la forma como se autorizaba el diseño y la financiación de proyectos de interés para las regiones. En el año 2011 se logró la aprobación del Acto Legislativo 05, con el cual se creó el Sistema General de Regalías (SGR), que cambió radicalmente su distribución y la manera de invertirlas.

Con la reforma de 2011 hubo ganadores, las regiones no productoras, y perdedores, los departamentos y municipios productores, que pasaron a recibir solo el 10 % de las regalías como asignación directa. Esta situación generó una gran inconformidad en las regiones donde operan las empresas que extraen los recursos naturales no renovables.

A esa circunstancia se añadió la enorme dificultad que afrontaban regiones productoras y no productoras para la ejecución de los dineros de las regalías, dado que los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), a través de los cuales se debía tramitar la aprobación de los proyectos de los municipios y departamentos, debían contar no solo con el voto favorable del Gobierno Nacional, sino con el concepto previo de viabilidad por parte de algunos ministerios y del Departamento Nacional de Planeación.

Este riguroso trámite, que terminó por centralizar aún más las decisiones sobre los proyectos y la administración de los mismos, entorpeció la asignación de los recursos para las iniciativas que se consideraban prioritarias en las regiones.

Estas razones, que llevaron a plantear la necesidad de construir una gran reforma en la legislación sobre regalías, recogieron las experiencias y la inconformidad manifiesta de las regiones en relación con un sistema que debía proyectarse para irrigar beneficios en toda la nación.

La primera reforma al Acto Legislativo 05 de 2011 tuvo lugar en 2017, mediante el Acto Legislativo 04, con la finalidad de abrir un espacio en el Sistema General de Regalías para que se asignara el 7 % de sus recursos a la implementación del Acuerdo Final con las Farc. A poco andar de la administración del presidente Iván Duque Márquez se puso en marcha el proceso para avanzar en una reforma de fondo del SGR, con el propósito de redistribuir sus recursos de tal manera que los departamentos y municipios productores y portuarios se vieran mejor compensados y así desactivar la conflictividad social y la hostilidad hacia las empresas mineras y petroleras en algunos territorios.

Como lo manifestó reiteradamente el Gobierno Nacional, se trataba de “preservar los niveles de las regalías, que solo se pueden dar en entornos más favorables para la exploración y extracción del recurso”. Con la clara decisión gubernamental y el categórico apoyo de parlamentarios de todas las regiones del país, se logró la aprobación, el año pasado, del Acto Legislativo 05 de 2019, con lo cual se mejoró ostensiblemente la participación de los departamentos y municipios productores y portuarios, que pasaron de recibir 10 % como asignación directa, a un 20 %. Ello se dio sin menoscabo de la participación a la que tenían derecho las regiones no productoras.

Al final se aprobó una reforma en la que ganaron todos, productores y no productores, y para hacerlo posible sencillamente se echó mano de los recursos ahorrados en el SGR a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

Recientemente, el Congreso de la República debatió y aprobó la Ley 2056 de 2020, mediante la cual se reglamenta el Acto Legislativo 05 de 2019. En ella, además de los mayores recursos que recibirán los departamentos y municipios productores y portuarios, se mantiene el 10 % para ciencia, tecnología e innovación, se les asignan valiosos recursos a aquellos municipios del país con los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), también a las minorías étnicas y, por primera vez, se le asignan recursos del SGR, equivalentes al 5 %, al medioambiente y a la contención de la deforestación en el país.

Algo muy importante es que se volvió por los fueros de la autonomía territorial al reducir el número de OCAD, de 1.152 a solo 8; sobreviven los 6 OCAD de inversión regional, el OCAD de Ciencia y Tecnología y el OCAD Paz, que será presidido por el Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación. Se estima que solo el 30 % de la totalidad de los recursos del SGR pasarán por los OCAD, y que los restantes quedarán a discreción de las autoridades territoriales. Vale la pena resaltar, también, que la viabilización de los proyectos, con excepción del 40 % de los recursos asignados para la inversión regional, estará en manos de las regiones mismas.

De todo lo anterior se deriva una mayor responsabilidad por parte de las autoridades territoriales en el manejo de tales recursos. Ese es el desafío, y la Contraloría General de la República estará vigilante y rigurosa para exigir transparencia y eficiencia en las inversiones de los cuantiosos recursos públicos que se deben irrigar en todo el mapa del territorio nacional.

El Acto Legislativo 05 de 2019 y la Ley 2056 de 2020 se empezarán a aplicar para la vigencia del bienio 2021-2022, cuyo proyecto de presupuesto ha sido aforado en la suma de 17,3 billones de pesos, de los cuales la asignación para inversión en estos próximos dos años será de 16,1 billones. Se espera y se aspira que la inversión de estos recursos contribuya efectivamente al plan de reactivación de la economía nacional. Allí tendrá el país un enorme potencial para impulsar proyectos ambiciosos de verdadera y grande dimensión regional.

El Congreso de la República le dio a la Contraloría nuevos instrumentos para hacer control preventivo y concomitante, que se aplicará a los dineros de las regalías, para evitar despilfarro y prácticas de corrupción que empañaron en épocas recientes la buena idea de unas regalías que se debían distribuir en favor de todos y con todos. Regalías para las regiones, para la equidad social y para la reactivación económica. Enhorabuena. EC

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