LA CONTRALORÍA CONSIDERA QUE ES CRUCIAL mejorar los procesos de estimación de los ingresos, tal como advirtió en sus comentarios al Presupuesto General de la Nación de 2024, para evitar reprogramaciones que afectan la normal ejecución de los recursos públicos.

Por otro lado, estima importante evitar la falta de rigurosidad en el cumplimiento del estatuto presupuestal, como sucedió en el decreto de liquidación del presupuesto de la presente vigencia, y brindar mayor claridad en rubros presupuestales como las partidas globales, ya que es importante dejar claro su destinación específica y comportamiento.

Crecimiento económico positivo, pero insuficiente

La Contraloría General de la República concluyó que, aunque aún no se tiene el resultado del crecimiento económico de 2023, se espera que este sea bajo, como reflejo del ajuste que se dio en la economía colombiana bajo un entorno de desaceleración de la economía global y el aumento de las tasas de interés externas e internas.

Además, resalta que, a pesar del menor crecimiento económico en 2023, se observan varios indicadores positivos. La inflación retrocedió al 8,35% en enero de 2024, el déficit externo se ha reducido, y la tasa de desempleo se mantiene relativamente estable en un 10 %. Por su parte, el Ministerio de Hacienda, en la actualización del Plan Financiero revelado la semana pasada, prevé un crecimiento del 1,2 % para 2023 y del 1,5 % para 2024.

A pesar de las dificultades, se espera el cumplimiento de la regla fiscal

La CGR precisó el efecto fiscal de la dinámica económica de las últimas reformas tributarias y la eficiencia en la administración en el recaudo tributario, señalando que, aunque éste llegó en 2023 a $278,9 billones en términos brutos, según informe de la DIAN, ello significa un aumento en términos nominales, pero por debajo de la meta que se había trazado.

Sobre este punto, considera que el análisis fiscal debe realizarse con la mayor prudencia, con el fin de evitar mensajes que magnifiquen las dificultades que se puedan presentar y generen efectos nocivos sobre los agentes económicos y la imagen del país.

En definitiva, añade, lo crucial para el análisis de las finanzas públicas y la macroeconomía, es ver su efecto de manera integral en el escenario fiscal en combinación con la ejecución del gasto del Gobierno Nacional Central (GNC) y su financiamiento, y en esa línea con el cumplimiento de la regla fiscal.

En la actualización del Plan Financiero 2024 el gobierno espera, teniendo en cuenta la dinámica económica, la sentencia de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías y el comportamiento de los ingresos por litigios tributarios, entre otros factores, que el déficit fiscal aumente en 2024 a 5,3% del PIB frente al cierre proyectado de 4,3 % del PIB en 2023. Lo anterior se reflejará en la deuda neta del Gobierno Nacional que pasará a 57 % del PIB en 2024 frente a un estimado de 52,8 % del PIB en 2023. Aunque estos ajustes en la perspectiva 2024 implican mayor déficit fiscal y deuda, respecto al plan financiero anterior, el escenario es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal.

Dos recomendaciones de la Contraloría

- La CGR destaca la importancia contracíclica que debe cumplir el gasto público en estos momentos y, por ello, hace un llamado al Gobierno Nacional para que, de un lado, los ajustes al presupuesto no se reflejen en los rubros de inversión y por otro, a que mejore la eficacia y la eficiencia en su ejecución, ya que de no hacerlo no se generarían los efectos multiplicadores del gasto en el crecimiento y se afectaría la sostenibilidad de la deuda.

- Finalmente, la CGR estará atenta no sólo a la ejecución de los recursos públicos, para garantizar que las entidades ejecutoras cumplan con los preceptos normativos presupuestales, sino además mirará que el desempeño del gasto público sea el adecuado, esto es que se generen los bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo económico y social, asociados a dicho gasto. De no lograrse esto último, se estaría generando un mayor nivel de deuda y el gasto público no cumpliría con uno de sus principales objetivos: contribuir al crecimiento económico inclusivo.

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