EN PRIMER TÉRMINO, conviene resaltar la positiva contribución del expresidente Carlos Lleras Restrepo al poner como tema fundamental de estudio, análisis y discusión nacional el Plan de Desarrollo. No podría ser de otra manera ya que él, como pocos colombianos, es consciente de la importancia que este documento representa para el país, especialmente a raíz de la Reforma Constitucional de 1968.

No dudo en afirmar que el doctor Lleras acoge, con naturales reservas, el nuevo Plan de Desarrollo porque, como él mismo lo dice, “no consiste tan solo en el crecimiento global del ingreso, sino también en que ese crecimiento vaya acompañado de una mejor distribución”. Y en otra parte de su disertación nos expone las razones por las que le concede particular importancia al documento del Plan de Desarrollo. “Se trata –nos dice– de un documento importante, merecedor de divulgación amplísima y cuyo estudio en el seno de una comisión parlamentaria les habría mostrado a los congresistas cómo cada frase del proyecto de ley supone la adopción de alternativas controvertibles, pero indudablemente defendidas con hábiles raciocinios”.

Yo, así como el expresidente Lleras, confío en que el Congreso Nacional en sus próximas sesiones examine los procedimientos y consecuencias de las medidas que realizará el Plan, como los decretos sobre ahorro y vivienda; y lo que él llama “los compromisos serios entre el Plan de Desarrollo y materias como la reforma urbana, los sistemas de tenencia de la tierra, los gastos públicos y el endeudamiento externo”.

NECESIDAD DE DIÁLOGO
En el prólogo que escribí para el libro Las Cuatro Estrategias, que compendia el plan presentado por el Gobierno nacional a la consideración del Congreso de la República y que próximamente estará a disposición de todos los colombianos, me anticipaba a pensar que en el proceso de la realización del plan se presentaría la mayor controversia. Porque en esta etapa nos enfrentamos al reto de ver si el país y su gobierno están preparados para llevar a cabo los cambios y ajustes que nuestro sistema requiere con urgencia. Asimismo, estoy consciente de que a la planeación nacional le compete una tremenda responsabilidad en este proceso y que necesitaremos actuar con decisión, pero también con gran cautela.

Para promover el desarrollo económico y el bienestar social que busca el Plan de Desarrollo, se necesita un acuerdo, un consenso de las fuerzas sociales e institucionales del país. Por esta razón, propiciaremos el diálogo abierto sobre los grandes problemas, sobre las estrategias y sobre los mecanismos y organismos que debe establecer el Estado para el feliz logro de las metas perseguidas. Quiero, por consiguiente, afirmar que nos corresponderá desplegar una gran capacidad de diálogo para lograr el acuerdo, sin el cual es muy difícil concebir el éxito en este proceso.

Por esta razón, me complace señalar otra coincidencia con el doctor Lleras Restrepo cuando dice que “va a ser necesario un diálogo más amplio, una más profunda confrontación de ideas”. Porque si bien es cierto que todos los grupos progresistas están más o menos de acuerdo con la secuencia de las cuatro estrategias o programas prioritarios del Plan –acertadamente interpretadas por el expresidente– es necesario definir las diferencias de criterios que puedan existir con otros sectores de la opinión nacional en este sentido.

El Plan de Desarrollo, como nos dice el presidente Pastrana “ha manifestado ya su dinamismo como tema de meditación, de estudio, de controversia de los diversos sectores hasta convertirse en un gran canal de comunicación de la opinión pública”.

PARTICIPACIÓN POPULAR
En el Departamento Nacional de Planeación entendemos que el plan supone una participación cada vez más activa y equitativa de los usuarios en los servicios y programas que contemplan las reformas agraria y urbana; de los ahorradores y usuarios del crédito en los riesgos de la inflación; de los trabajadores en los resultados de la actividad económica del país y en los progresos tecnológicos y culturales; y que los resultados del crecimiento económico se deben orientar prioritariamente hacia las grandes masas humanas que hoy se encuentran al margen del propio crecimiento y de todo bienestar social.

Esta sociedad participante, en busca de condiciones de vida cada vez menos desiguales, implica una serie de políticas económicas, de control e intervención económica y social por parte del Estado que el pueblo progresista de Colombia ha adoptado siempre con entusiasmo dinámico en coyunturas políticas como la presente.

Claro que –como escribía hace poco el expresidente Lleras Camargo– “no se puede, dentro de una democracia ser de izquierda y declarar que todo intento de imponer contribuciones es fiscalismo diabólico”. Y añadía que “no hay otra manera de ir a la sociedad igualitaria sino por esa vía dura, áspera, impopular, pero la única bien conocida si se quiere distribuir el ingreso nacional con alguna justicia”.

Precisamente, la cuarta estrategia del Plan de Desarrollo trata de la distribución del ingreso y busca, como lo dice el proyecto de ley del Plan “el mejor recaudo de los impuestos y evitar exenciones tributarias que favorezcan mayores concentraciones del ingreso, junto con la inversión en servicios esenciales a fin de poder extender y mejorar los programas de educación, salud, recreación y desarrollo social”.

Es muy posible que la confrontación de los criterios y de las fórmulas necesarias para la implementación del Plan sea la oportunidad para una nueva orientación de las fuerzas sociales del país. La discusión que se ha presentado en torno de los recientes decretos sobre ahorro y préstamos en valor constante parece haber iniciado este proceso. Quizá conviene distinguir entre la posición de quienes plantean –como en el caso del doctor Lleras Restrepo– interrogantes y hacen una crítica constructiva, solicitada por el señor presidente de la República y el Gobierno nacional en general, y quienes puedan llegar a aferrarse a no aceptar nuevas medidas que pueden ser necesarias para facilitar los cambios requeridos.

LOS INTERROGANTES
En relación con los interrogantes que se han venido planteando sobre las recientes medidas de ahorro y vivienda, fueron objeto de cuidadosa consideración durante el prolongado estudio realizado por el gobierno antes de la adopción de las medidas. El señor presidente, al instalar la Junta de Ahorro y Vivienda, se refirió ampliamente a estos interrogantes y yo no tendría nada esencial que agregar a las explicaciones fundamentales, por él dadas. Solo quisiera indicar que en el periodo de transición al nuevo sistema adoptado será necesario estudiar cuidadosamente muchos problemas que se irán presentando en el proceso, y por esta razón los decretos prevén una estrecha colaboración entre la Junta de Ahorro y Vivienda y la Junta Monetaria para la adopción coordinada de medidas que corrían posibles distorsiones.

Tal vez sea necesario reiterar las explicaciones sobre dos aspectos de inquietud. El primero tiene que ver con la situación del mercado bursátil. Es conveniente relevar que el debilitamiento en las transacciones de estos papeles viene manifestándose de tiempo atrás y en ningún caso podría achacársele a un sistema que solo hasta ahora se inicia, sino más bien a la inevitable normalización de un movimiento que había sido afectado por un auge temporal. Y en esta materia de competencia con los papeles bursátiles, es posible que los bonos con altas tasas de interés que se vienen lanzando por las corporaciones y empresas privadas, puedan tener un mayor efecto de desplazamiento de recursos que el nuevo sistema de valor constante. De otra parte, la reactivación importante y definitiva de este mercado, solo se logrará cuando la economía colombiana adquiera un gran dinamismo, como resultado de la eficiente utilización de los recursos de producción, como lo contempla el Plan de Desarrollo.

SISTEMA ESPECIAL DE AHORRO
Pasemos ahora a analizar otros aspectos que se relacionan con las medidas de ahorro. Algunas personas han considerado que la medida fue innecesaria, que lo único que requería era un cambio en las tasas de interés que permitiera que la banca atrajese más ahorro y lo invirtiese en la construcción, y que el Gobierno solo ha creado más burocracia.

Pero es evidente que cualquier persona prefiere mantener sus ahorros en la forma más líquida posible con el fin de poder utilizarlos para una emergencia o para una oportunidad favorable. Esto es cierto para el individuo. Pero para el conjunto de los individuos, siempre que la economía esté creciendo, una parte del ingreso corriente se ahorra y se suma al total de los depósitos. Por consiguiente, se puede esperar que el volumen total del ahorro crezca indefinidamente. Y entre más acelerado sea el crecimiento económico, más rápidamente deberá crecer el ahorro. Si se pueden crear condiciones suficientemente atractivas, la mayor parte del ahorro personal de la comunidad podrá convertirse en depósitos a término. Este ahorro, que en general es permanente y creciente, puede ser invertido sin peligro en préstamos a largo plazo.

La necesidad más urgente, dentro de los préstamos a largo plazo, se encuentra en la financiación hipotecaria de la construcción, cuya falta se refleja en la actual escasez de viviendas y en la pequeña cantidad de empleo generado en el sector. Esta es la razón principal por la que hemos dedicado tanto tiempo y estudio a los mecanismos de fomento y canalización del ahorro.

El fomento y la canalización del ahorro personal juegan un papel de vital importancia y constituyen una función altamente especializada en una economía dinámica y creciente. Es bien sabido que el crecimiento del ahorro es un requisito indispensable para el crecimiento de la economía.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Los problemas específicos, como las tasas de interés, los términos y los límites de los préstamos y las cuotas iniciales, son asuntos que deberán ser estudiados por la Junta Monetaria y acerca de los cuales decidirá el presidente de la República, sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones que podrían fundamentar la política del nuevo sistema.

En primer lugar, debe quedar claro que el objetivo principal es el “volumen” del ahorro. Las medidas que hoy discutimos no se originaron en un deseo de reformar el sistema de ahorro. Más bien, se ha tratado de generar un gran volumen de ahorro personal y dirigirlo hacia un sector estratégico y específico que funcionará como motor del crecimiento. Se espera que los resultados arrojen un volumen de ahorro y construcción relativamente grande. De no ser así, no se habría justificado una modificación de las instituciones financieras existentes, en vista de la resistencia que crea este tipo de cambios.

INDICADORES SOBRE CONSTRUCCIÓN
Algunos comentaristas han esperado que el Departamento Nacional de Planeación produzca estimativos para 1975 del volumen de ahorro y del área a construirse.

Agradezco la confianza que ellos depositan en la capacidad de este Departamento, pero temo que, en las actuales circunstancias, no es posible hacer ese tipo de proyecciones. No se puede predecir cuál será la proporción del nuevo ahorro en depósitos de valor constante. Tampoco cuál será el valor total del ahorro personal. Solo puedo señalar las posibilidades y las metas.

Tomemos como ejemplo a Israel, que es un país que ha logrado hacer la transición de país subdesarrollado a desarrollado. Es cierto que Israel ha recibido mucha ayuda externa, pero su ingreso de divisas no ha sido de la magnitud del de algunos países ricos en petróleo. Su mayor ventaja ha sido la existencia de recursos humanos altamente capacitados y decididos a sacar avante a su país.

Sin embargo, el hecho de mayor interés para nosotros es que, bajo un sistema de valor constante, se logró un volumen de ahorro que facilitó la construcción de 600.000 viviendas en un tiempo relativamente corto, y con una población de tres millones. Allí, la construcción ha llegado a ser el 10 % del producto bruto, y una tercera parte de la inversión ha generado casi el 10 % del empleo.

¿Qué significaría para Colombia lograr unas cifras equivalentes? Nuestro producto está alrededor de los 150.000 millones de pesos y la población económicamente activa es de aproximadamente 7 millones.

Una participación porcentual de la construcción en Colombia, semejante a la de Israel, significaría una inversión anual de 15.000 millones de pesos, y un empleo de 700.000 personas.

Insisto en que no intento hacer predicciones; solo trato de señalar posibilidades en términos de lo que se ha logrado en otro país. Estas cifras solo significan una cosa: mayor volumen. El problema es cómo lograrlo. Como primera medida, estamos realizando un cambio institucional necesario que permita ofrecer incentivos al ahorro. El siguiente paso será producir un profundo cambio en las actitudes hacia costos, márgenes y volúmenes.

Pero antes de ampliar este punto, quiero subrayar un hecho sorprendente. Con base en las licencias de construcción de las ciudades más grandes, resulta que no ha habido, virtualmente, ningún incremento en el ritmo del área construida anualmente durante los últimos diez o doce años. Esto, a pesar de que la población, prácticamente, se ha duplicado. Al multiplicar el área construida en diferentes tipos de edificaciones por los correspondientes estimativos de costos, llegamos a un valor de la construcción urbana de unos 1.000 millones anuales en pesos constantes de 1958.

Estas cifras nos muestran una situación de estancamiento. Es más, si se considera el crecimiento de la población y el ingreso real, significan un retroceso en un campo que debería ser uno de los más dinámicos. Lo que se creyó que era un auge en la construcción en los años 1970 y 1971, resulto ser un simple aumento en los préstamos para un volumen físico relativamente fijo. En vez de concentrar nuestra atención en el área construida, o en el costo deflactado de esa construcción, estábamos observando solamente el comportamiento del valor de los préstamos. A este respecto, se equivocaron aún los observadores mejor informados. Defender tal status quo sería defender una situación nada satisfactoria.

*Resumen de la intervención del señor director de Planeación, Roberto Arenas Bonilla, en el Foro del Ahorro promovido por el Banco de Colombia y el Grupo Grancolombiano el 23 de mayo de 1972.

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