Colombia, a pesar de avances recientes en diversos frentes, es un país inequitativo y con una parte importante de la población en condición de vulnerabilidad. Aunque esta realidad no es nueva, la pandemia por COVID-19 la ha destacado. Cerrar las brechas que impiden que los individuos puedan aprovechar al máximo su potencial exige una estrategia multidimensional para adelantar reformas que se han pospuesto, así como acciones urgentes para responder a una crisis que ha acentuado problemas conocidos y ha planteado nuevos desafíos.

Entre las múltiples dimensiones que debería abordar dicha estrategia hay tres temas centrales, relacionados entre sí: (1) educación, (2) trabajo y (3) digitalización.

Educación

De acuerdo con el Banco Mundial, cerca de 1.600 millones de niños, niñas y jóvenes en 160 países han dejado de atender clases de manera  presencial desde el inicio de la crisis. Esto representa enormes retos de  política pública. La imposibilidad de asistir al colegio implica interrupciones en los procesos y niveles de aprendizaje, aumentos en los niveles de deserción educativa y mayor desigualdad.

La pregunta es, entonces, cómo adaptar el sistema educativo para garantizar la continuidad del aprendizaje y el acceso a educación de calidad en medio de la coyuntura.

En Colombia, el 16 de marzo el gobierno decretó el cierre de colegios privados y oficiales. La medida, aunque necesaria para evitar que los estudiantes se convirtieran en vectores de contagio, implicó una disrupción del proceso de aprendizaje de cerca de 10 millones de alumnos, que afectó en particular a aquellos provenientes de hogares de bajos ingresos e hizo aún más evidentes los múltiples desafíos que enfrenta el país en educación

En primer lugar, los establecimientos educativos cuentan con una limitada infraestructura tecnológica para adelantar clases remotas, lo que es particularmente cierto para los colegios oficiales, que atienden el 76 % del total de estudiantes. Esto se debe tanto a los problemas de conectividad  de las regiones como a la falta de acceso a computadores e internet (gráfica 1a). En 2018, solo 42 % de los hogares tenían computador de escritorio, portátil o tableta, mientras que 53 % tenían conexión a internet fijo o móvil (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019)

A esto se suma la falta de capacitación de los docentes en el uso de herramientas tecnológicas frente al resto de América Latina y la OCDE (gráfica 1b) y las dificultades que enfrentan muchos padres de familia para acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos.

Estas asimetrías podrían seguir ampliando las brechas de acceso a la educación de calidad en el país. Por esto, y pese a que el Ministerio de Educación y las secretarías locales han trabajado en fortalecer la oferta educativa a través de plataformas digitales, se requieren soluciones estructurales.

Medidas como dotar de herramientas tecnológicas a los colegios con mayores rezagos en infraestructura, facilitar el acceso a computadores y hardware a estudiantes de bajos recursos, adaptar los currículos a la oferta educativa en línea, capacitar a los docentes en el uso de estas tecnologías y desarrollar programas académicos que puedan ser impartidos por radio o televisión (para llegar a las regiones más apartadas), no solo permitirán mitigar los efectos que tiene el cierre de colegios sobre la educación en el corto plazo, sino acelerar las transformaciones que por años ha demandado el sector educativo en el país.

Mercado laboral

La pandemia ha tenido un impacto económico sin precedentes, que se refleja en el comportamiento reciente del mercado laboral. La tasa de desempleo en abril fue de 19,8 % (véase serie desestacionalizada en gráfica 2), la más alta desde la crisis económica de 1999. De no haber sido por el aumento de la población inactiva en 4,3 millones (personas que pese a no tener un empleo dejaron de buscarlo), la reducción observada de 5,4 millones de ocupados frente a abril de 2019 habría implicado una tasa de desempleo cercana al 35 %. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2020)

El gobierno ha avanzado con medidas que eviten tanto la pérdida de empleos como la destrucción del tejido empresarial. Inicialmente, se buscó dar liquidez a las empresas que mantuvieran la nómina a través de créditos con garantía del 90 % del Fondo Nacional de Garantías. Esta medida se ha complementado a través de subsidios directos a la nómina de las empresas más afectadas, y más recientemente con la posibilidad de renegociar condiciones laborales de manera voluntaria.

En particular, se creó el Programa de Apoyo de Empleo Formal (PAEF), que entrega apoyos de 40 % del SMMLV por cada empleado de la empresa, y el Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP), para empresas de todos los sectores económicos que hayan visto reducciones de más de 20 % de sus ingresos. Asimismo, se flexibilizaron los horarios laborales para facilitar el trabajo por turnos (con el fin de mantener el distanciamiento que exigen los protocolos de bioseguridad) y se permitió posponer el pago de la prima legal de junio, previo acuerdo entre empleadores y trabajadores. (Presidencia de la República de Colombia, 2020)

Este conjunto de acciones busca mitigar, principalmente, el impacto del distanciamiento social sobre el empleo en el corto plazo, permitiendo a las empresas mantenerse a flote y a los trabajadores conservar su empleo. Sin embargo, se requieren reformas estructurales que busquen aumentar la formalidad, la productividad laboral y el empleo, conforme se reactiva la economía.

Por un lado, es necesario actualizar el Código Sustantivo del Trabajo para eliminar ambigüedades y obsolescencias de un marco jurídico laboral de mediados del siglo pasado. También se requiere reducir costos laborales no salariales de la contratación formal, permitir la contribución a seguridad social por trabajo por horas, definir un nuevo mecanismo institucional para la fijación del salario mínimo, diseñar una política pública de teletrabajo y trabajo desde casa, y crear un seguro de desempleo que proteja al trabajador ante contingencias que afecten sus ingresos laborales. Teniendo en cuenta que la crisis ha implicado mayores costos para las mujeres en términos de oportunidades económicas, es preciso implementar una política pública del cuidado, que busque la redistribución equitativa del trabajo relacionado con la atención a niños y adultos mayores. Esto permitiría la mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, con efectos positivos en los indicadores laborales agregados.

Digitalización

Las medidas de aislamiento han tenido numerosos efectos sobre los ciudadanos y sobre el desarrollo de la actividad empresarial, forzando en muchos casos una transición inmediata al ámbito digital. Las empresas, en las actividades que lo permiten, han migrado de manera muy rápida al trabajo remoto; los consumidores han recurrido al uso del comercio electrónico para su abastecimiento; el sistema educativo ha hecho uso de plataformas digitales, y el sistema de salud ha adaptado canales virtuales de atención.

Esta migración al ámbito digital ha significado, por supuesto, un incremento en el uso de las redes y ha resaltado la importancia de internet como medio fundamental para mantener actividades esenciales como la salud y la educación en condiciones de aislamiento generalizado de la población.

A partir de la emergencia sanitaria, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha empezado a recolectar los datos de tráfico de red, luego de que las telecomunicaciones fueran declaradas servicios públicos esenciales a través del Decreto 464 de 2020 y se evidenciara la necesidad de monitorear la capacidad de respuesta de las redes ante el aumento inusitado en su uso. (Presidencia de la República de Colombia, 2020)

Las cifras muestran un crecimiento en el tráfico de red de los operadores en marzo (38 % vs. febrero) y abril (11 % vs. marzo), y una posterior estabilización en mayo. A pesar de este incremento sustancial, la comisión aclara que la infraestructura de comunicaciones del país es adecuada para soportar el aumento de la demanda y, por lo tanto, no advierte riesgos para la red. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2020)

Si bien la infraestructura ha respondido satisfactoriamente, existen barreras que dificultan una transición más fácil y generalizada hacia el uso de herramientas digitales. Por ejemplo, es necesario cerrar las brechas de conectividad de Colombia, ya que la penetración de internet varía considerablemente entre regiones y en algunas es muy baja. Por ejemplo, en nueve departamentos del país la penetración es inferior al 5 %, mientras que en Bogotá es del 23 %. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2020)

Para impulsar el comercio electrónico se requiere profundizar los avances en inclusión financiera y mejoramiento del servicio postal, así como en el fortalecimiento de las estrategias de protección al consumidor, en particular, el derecho de reversión del pago.

La emergencia sanitaria ha generado incentivos inmediatos al uso de herramientas digitales para actividades sociales fundamentales. Prácticas como el teletrabajo, la telesalud y el comercio electrónico, seguramente, tendrán una mayor importancia en las sociedades cuando la pandemia global sea superada, lo que pone en evidencia la necesidad de eliminar las barreras que dificulten su adopción y la transición a un entorno más digital.

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