Hace algunos días comentaba en una columna en el diario El Tiempo que la Contraloría General de la República se debate a diario entre victorias pírricas y frustraciones permanentes cuando las auditorías evidencian hallazgos y responsables, pero los recursos nunca se recuperan. Y agregaba que no queremos seguir siendo notarios de desastres ni jueces scales de causas perdidas.

Para no continuar en esa melancólica cadena de frustraciones estamos modernizando toda nuestra estructura tecnológica con el fin de hacer seguimiento al día de toda la contratación pública; y vamos en camino de lograr que el Congreso de la República complete la aprobación del acto legislativo que busca dotar a la Contraloría General de la capacidad de ejercer un control preventivo —no previo— y concomitante, frente a la ejecución del gasto público.

La construcción de un nuevo y eficiente control fiscal va por buen camino, gracias al trabajo y dedicación del órgano legislativo, que creyó desde un principio en esta reforma que esperan con ansiedad los funcionarios de la contraloría, las administraciones territoriales, el fisco nacional y la ciudadanía.

Mientras nos llega la buena nueva, la contraloría avanza en la puesta en marcha de Océano, que se constituye en la primera central de monitoreo tecnológico de la contratación pública, con cruce sistemático de bases de datos y un equipo de expertos de la propia entidad, lo que ha permitido la revisión de más de diez millones de registros en todo el país, la identificación de grandes mallas de contratistas y la puesta en evidencia de las regiones con más riesgos de corrupción.

La sociedad colombiana ha venido reclamando la unificación Y complementariedad de la información sobre la contratación y el uso de los recursos públicos, que hasta ahora estaba dispersa en múltiples organismos del Estado. Precisamente, se trata de determinar quiénes están detrás de los contratos de obras públicas, de alcantarillados, de la alimentación escolar, de los programas de salud o de los programas de vivienda. Hoy, ya la tenemos y empezamos a utilizarla, con cruces de información que están ofreciendo sorprendentes resultados.

Ya hemos localizado a miles de contratistas que están inhabilitados para licitar con el Estado, por prácticas ilegales. Y pusimos al descubierto a numerosas compañías o consorcios que también están inhabilitados para contratar; y a empresas que comparten representantes legales y revisores fiscales. También advertimos que hay empresas cuyo objeto contractual no es específico, que no tienen experiencia en el sector en el cual van a contratar, pero participan en múltiples procesos.

Con el sistema tecnológico Océano empezamos a generar alertas tempranas en licitaciones y podemos tener reacción inmediata sobre riesgos para la contratación.

Tendremos, además, la lista de los contratistas multiobjeto, indicadores de posible colusión, fuentes abiertas de información, cruce de datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre difuntos que siguen apareciendo como contratistas con el Estado y, así sucesivamente, en este complejo engranaje de la contratación oficial.

Con el propósito de ejercer continuidad positiva, en la Contraloría General de la República tenemos claro que somos un organismo de vigilancia, control y sanción, pero también debemos asumir acción preventiva sobre las conductas fraudulentas que afectan el manejo de los recursos públicos.

Estos objetivos se pueden lograr con la reforma del control fiscal que avanza positivamente en el Congreso de la República, con la consolidación de la modernización de la estructura tecnológica de la entidad y con el apoyo diario de la ciudadanía y los funcionarios en todo el territorio nacional.

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