“Las nuevas metas globales y nacionales requieren la aplicación de una gestión pública basada en el desempeño y orientada a los resultados a efectos de que los gobiernos rindan cuentas al Congreso y a la ciudadanía”, está fue una de las conclusiones de la XXIII reunión de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

En el evento se planteó que “las contralorías deben promover la rendición de cuentas basada en la responsabilidad profesional, la confianza y un enfoque equilibrado de la evaluación del desempeño”.

Así mismo, se alentó a los organismos de control a que adopten una visión de alto nivel de las metas de sus gobiernos, identifiquen los riesgos significativos y sistémicos relacionados con la producción de resultados y formulen recomendaciones sobre cómo mitigar dichos riesgos.

Además, “deberían seguir basando sus decisiones en programas de gestión de riesgos diseñados a efectos de anticipar los riesgos de auditoría y evitar descartar asuntos relevantes que deberían ser incluidos en los planes de auditoría”.

De igual manera plantea que las contralorías pueden ayudar a arrojar luz sobre los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno a efectos de la alineación con los indicadores clave relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De acuerdo con lo expuesto en la declaración final “tanto las metas nacionales como los ODS difícilmente se pueden lograr sin el esfuerzo conjunto de las entidades públicas, los diferentes niveles de gobierno y la sociedad”.

Las contralorías podrían beneficiarse de su experiencia transversal y contribuir a la buena gobernanza y las políticas inclusivas en áreas de gran relevancia social relacionadas con los ODS (medio ambiente, educación, salud, igualdad de género, etc.).

Los organismos de control podrían evaluar el grado de coordinación entre los diferentes niveles del gobierno a fin de valorar las sinergias entre las estrategias, las políticas y los programas públicos. Si el mandato legal y el contexto lo permiten, están bien posicionadas para evaluar la coherencia de las políticas y concentrarse en cuestiones y enfoques transversales, así como en una perspectiva de todo el gobierno.

A ello se suma la necesidad de encontrar más formas para abordar la inclusión en la realización de sus auditorías al tratarse de un punto clave de la Agenda 2030, con su principio de no dejar a nadie atrás y otros programas de desarrollo.

Así mismo, se planteó que las contralorías tienen que proteger su independencia y su posición evitando interferir en el proceso de toma de decisiones y elaboración de políticas, así como en las funciones de gestión del gobierno, pero pueden añadir valor abordando temas estratégicos, complejos y sensibles mediante la formulación de recomendaciones.

Teniendo en cuenta que cada vez más datos generados por las administraciones públicas se están poniendo a disposición en formatos abiertos, brindando así mayor transparencia, los organismos de control podrían promover el principio de disponibilidad y apertura de los datos producidos por el gobierno, siempre y cuando no estén sometidos a las leyes de confidencialidad o de privacidad.

Precisamente las nuevas tecnologías como la Big Data permiten sintetizar datos obtenidos de diferentes fuentes lo que facilita la síntesis para encontrar soluciones a los problemas a nivel de todo el gobierno, así como proporcionar actualizaciones periódicas de los datos y permitir el monitoreo en tiempo real de cuestiones de alcance general y de las áreas de mayor riesgo.

Las contralorías pueden aumentar su impacto positivo estableciendo una interacción productiva con la entidad auditada y reforzando la cooperación y la comunicación con la comunidad académica y el público en general.

Al destacar el papel que cumplen estos organismos en sus respectivos países, se indicó que la interacción con la entidad auditada es crucial para explicar y aclarar las recomendaciones y facilitar su aplicación.

“Las EFS (Entidades Fiscalizadoras Superiores) pueden beneficiarse de una comunicación eficaz entre la EFS y sus partes interesadas que refuerza la capacidad de la EFS para identificar y analizar asuntos de interés nacional para la toma de decisiones informada sobre un programa, proyecto o actividad”, dice la declaración final.

Otro tema sobre el cual se hizo énfasis fue la necesidad de poder alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público. Las EFS coincidieron en señalar que “la gestión de riesgos debería convertirse en una práctica de gestión regular de las EFS”.

Para la INTOSAI, “las EFS pueden ampliar el enfoque en: identificar áreas de riesgo de interés nacional e internacional y sensibilización sobre los riesgos; la necesidad de gestionar riesgos sistémicos en el gobierno, además de riesgos operacionales, empresariales y de otra índole de una entidad”.

La declaración final agregó que “Se alienta a las EFS a adoptar una visión de alto nivel de los objetivos de su gobierno, identificar riesgos significativos y sistémicos para la entrega de resultados, y proporcionar recomendaciones sobre cómo se pueden mitigar estos riesgos”.

Añade que “las EFS también pueden beneficiarse si involucran a la ciudadanía a través de crowdsourcing, reuniones y concursos de ciencias de datos, etc. Las herramientas de participación ciudadana catalizan la creatividad existente en la comunidad pública, aumentan la confianza de la población, propician la concentración de los esfuerzos mutuos y promueven soluciones innovadoras a los desafíos públicos”.

La INTOSAI concluyó planteando los retos que se avecinan con todos los cambios que se están presentando a nivel mundial, principalmente en el campo tecnológico y la importancia que tiene el contar con personal capacitado para cumplir las labores de auditoría haciendo uso de las TIC pero también con un mayor acercamiento y grado de confianza con las organizaciones auditadas.

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