Una de las recomendaciones de la misión del Mercado de Capitales, fue la creación de un conglomerado o holding financiero del Estado, en el que se pudiera reunir a todas las empresas de las cuales es dueño parcial o total. Esto con el fin de generar más confianza en los inversionistas.

En su momento, el presidente Iván Duque dijo que “una de las tareas que estamos próximos a abordar, con el liderazgo del Ministro Alberto Carrasquilla, es la consolidación de una holding financiera del Estado, que nos permita tener en los mercados un mecanismo para mejorar la gobernanza y, por supuesto, para generar mucha confianza por parte de todos los actores”, afirmó el Jefe de Estado.

El mismo Ministro días después del anuncio, informó en un evento de la Superintendencia Financiera, que el holding estaría lista el próximo 24 de noviembre. “Se trata de unas 12 empresas en las cuales la Nación tiene participación directa e indirecta en otras siete”, dijo Carrasquilla, quien agregó que este holding tendría activos por $80 billones. Con la conformación de esta organización quedarían 14 conglomerados en el país con activos totales por más de $900 billones.

Los objetivos iniciales de la construcción de este holding de la Nación son optimizar el portafolio accionario, evitar duplicidades, incrementar la eficiencia, generar mayor valor en la oferta de los productos, fortalecer la gestión y administración de los portafolios e implementar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Precisamente en el tema de administración de activos se plantea que el conglomerado estatal será el vehículo para llevar a cabo los planes de enajenación de acciones en activos poco estratégicos para el Gobierno Nacional.

La Misión propone cambios a la Ley 226 de 1993, un proceso que según Diego Jara, coordinador de la Misión, está entre aquellos que podrían darse por vía de algunos decretos “o ampliando la ley para una interpretación más correcta”.

Aquí resaltan la necesidad de diferenciar enajenaciones en mercados privados de las del mercado de capitales, específicamente las que haga el Estado, con base en estándares internacionales.

Una de estas diferencias, sería en reducir el tiempo del proceso actual, en el que el Estado debe dirigir la primera etapa al sector solidario (asociaciones mutuales, cooperativas, fondos de empleados y fundaciones).

Según reza el documento, la idea es que esta primera etapa no pueda tener una duración mayor a dos meses “de manera que se puedan acortar proporcionalmente las demás etapas del proceso”, pues según comentó Roberto Rigobón, director de la Misión, “muchas veces se pueden demorar hasta medio año y se declaran desiertas al final”.

En beneficio, la recomendación plantea que en esta etapa se puedan ofrecer la misma cantidad de acciones que para el resto del mercado, pero a un precio similar, y que en caso de darse un beneficio al sector solidario “el eventual descuento debe ser mínimo para que no conduzca a un menoscabo del patrimonio público”.

Y es que la formulación de precios fue uno de los detalles en los que más se centró este aparte del entregable, pues la ley actual dice que “la Nación debe fijar la cantidad a enajenar como el precio mínimo de venta sin conocer cuál es la demanda efectiva y el valor que el mercado está dispuesto a pagar”, según detallan los expertos.