La Contraloría General de la República conceptuó que el cumplimiento de los compromisos de política ambiental incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 fueron bajos.

De acuerdo con un informe del organismo de control “los resultados presentados permiten observar que no se dio un total cumplimiento a los postulados del crecimiento verde, tanto en términos del equilibrio de las distintas dimensiones del desarrollo, como en términos de la articulación de los distintos componentes”.

Señala que la política ambiental en el PND estuvo marcada por el establecimiento de pocas metas con sus respectivos indicadores de medición y muchas acciones y postulados de intenciones a alcanzar y si no se mide lo que se hace, no se puede controlar ni dirigir y tampoco mejorar, “de manera que esta forma de formular la política es inconveniente desde todo punto de vista”.

De igual manera, advierte que para el diseño de la política ambiental se siguió con caminos convencionales “que han demostrado no ser efectivos para lograr los cambios deseados”, frente a lo cual la Contraloría plantea que es hora de hacer un alto en el camino para redirigir los rumbos de acción, como podrían ser las propias recomendaciones OCDE que no fueron acogidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

También se encontró disparidad y poca articulación en la información que poseen y reportan las entidades responsables de las relaciones internacionales del país, específicamente los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, con los lineamientos de política ambiental emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las dos entidades no concuerdan en sus cifras referidas al número de los tratados, convenios, acuerdos y convenciones adoptados por Colombia en materia ambiental ante la comunidad internacional, así como su nivel de avance.

La evaluación permitió evidenciar que en la práctica existe una desconexión entre la política nacional y la institucionalidad dispuesta como autoridad ambiental en los ámbitos urbano y regional, en especial frente a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, por lo que se requiere hacer reformas estratégicas de fondo que permitan vincular efectivamente a las CAR en el ciclo de la política pública, así como en su dimensión presupuestal y financiera.

Se evidenció la debilidad institucional, financiera y de gestión ambiental regional a través de las CAR, coincidiendo las mayores zonas de deforestación del país con la necesidad de replantear el plan de acción de Codechocó, CDA, Corpoamazonia y Cormacarena.

En su reporte la Contraloría también encontró que en algunos casos se establecieron metas sobre medios de gestión más no sobre resultados finales de política pública, mientras que en otros se hizo sobre hechos cumplidos o que se iban a cumplir por defecto o por razones ajenas al Plan. También se observó al menos un caso en el que la meta establecida no se podía llevar a cabo por improcedencia normativa y tampoco se propuso ni se hizo algo al respecto.

“Estas situaciones permiten evidenciar que o el proceso de formulación de la política se hace sin contar con la información suficiente; o pese a contar con la información, se hace así de forma deliberada. En uno u otro caso se ve afectada la calidad de la política, así como el logro de las transformaciones esperadas. Pero también -y más grave aún-, se afecta la transparencia del proceso hacia la rendición de cuentas”.

En cuanto a la parte financiera, el informe indica que de las fuentes de financiación estimadas en el Plan Plurianual de Inversiones, solamente el Presupuesto General de la Nación aportó realmente recursos para el apalancamiento de la estrategia Crecimiento Verde. Sin embargo, las apropiaciones definitivas por año fueron inferiores a las contempladas inicialmente en el PND, en consecuencia se sobreestimó la fuente de financiamiento del Gobierno Nacional Central quedando desfinanciadas las inversiones priorizadas para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A ello se suma lo sucedido con el Impuesto Nacional al Carbono donde se hace necesario revisar la destinación de la totalidad de los recursos recaudados y no seguir postergando la formulación, aprobación y ejecución de los proyectos con cargo a este gravamen, pues esta dilación genera más afectación al medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero y podría ocasionar incumplimientos a los compromisos adquiridos por el país en el COP21 de París.

En la parte legislativa, la Contraloría considera que herramientas como los incentivos forestales para conservación y comercialización, requieren de un rediseño para lograr su sostenibilidad y propósito con el fin de garantizar la oferta maderable y el uso sostenible de los recursos ambientales en el país.

Adicionalmente, se debe lograr que el país cuente con un sistema normativo a través de una ley forestal integral, que incluya la visión de un modelo industrial maderero y sostenible. El marco jurídico debe estar acompañado de medidas de ajustes al incentivo forestal con el fin de garantizar su viabilidad financiera. Una opción puede ser la combinación de fuentes de financiación, priorizando áreas naturales con altas tasas de deforestación, corredores biológicos, entre otras áreas de especial importancia ecológica.