COMIENZO MI GESTIÓN COMO CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA con el mejor ánimo y completa disposición de acertar en el irrenunciable propósito de trabajar bajo el amparo y aplicación de nuestra Constitución y la ley. Llego a este cargo luego de haber tenido la oportunidad de desempeñar funciones de vigilancia de la gestión fiscal, tanto desde la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, como desde la Auditoría General de la Nación, experiencias que me han permitido no ser extraño a los objetivos de esta entidad tan apreciada y valorada por nuestros compatriotas. Y soy plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva el ejercicio de esta dignidad en aras de coadyuvar con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Además, tengo la fortuna de iniciar el periodo en la Contraloría General de la República en un momento crucial, de un lado, por tratarse de una de las instituciones oficiales que está próxima a celebrar su primer centenario de creación y, del otro, porque en ese foro de la democracia, como es el Congreso de la República, se adelanta un gran debate sobre sus funciones y naturaleza en el siglo XXI, siendo conocedores de que la Contraloría de hoy debe responder a los nuevos retos y avances tecnológicos.

El país que vivimos es otro, ya no es aquella nación agreste, predominantemente rural, de poblaciones pequeñas, de analfabetismo y educación con indicadores minúsculos, sin hospitales ni vías de comunicación. Hoy, Colombia se muestra con orgullo y se presenta ante el mundo con índices de desarrollo competitivos frente a otros países latinoamericanos.

Gracias al Congreso de la República, que creyó en mis capacidades y conocimientos, me desempeño hoy como Contralor General de la República, ejerciendo la importante función de control fiscal que conlleva a la vigilancia del manejo de los dineros públicos, así como la gestión fiscal de la administración y de todos aquellos particulares y entidades estatales que manejen fondos o bienes de la nación, en todos los niveles administrativos y de todo tipo de recursos públicos de acuerdo con el deber que establece el artículo 267 de nuestra Constitución Política.

Siento la gran satisfacción de suceder a excontralores del nivel profesional de Sandra Morelli, Edgardo Maya y Antonio Hernández Gamarra, a quienes les he pedido que participen en esta edición de la revista Economía Colombiana, la primera de mi administración, para que nos aporten su experiencia y amplio bagaje, exponiendo aquí sus puntos de vista sobre lo que ellos consideran que debe ser la nueva Contraloría General de la República en el futuro próximo, cuando empezamos a transitar su segundo centenario de vida.

Ellos, más que ningún otro colombiano, conocen a profundidad lo que significa para el país esta entidad que en años recientes orientaron. Ya existen iniciativas que proponen modificaciones y cuyos respectivos proyectos de ley están prestos a debatir las Cámaras y el país. El doctor Edgardo Maya, desde cuando se desempeñaba como contralor, ha sido partidario de unificar la vigilancia fiscal en un solo organismo y centralizar allí las funciones que cumplen las contralorías territoriales, tan susceptibles a las disputas politiqueras y clientelistas.

Además, en el debate que se avecina, se plantea revivir el llamado Tribunal de Cuentas, que antes existió, sin que por esto desaparezca la Contraloría General. También se ha propuesto la exigencia de mayores requisitos a quienes aspiren a ser elegidos para el cargo en los próximos años y un sinnúmero de iniciativas que tienen que ver con el deseo de contar con una entidad mejor dotada de herramientas tecnológicas modernas y con una organización superior que permita cumplir, eficientemente, el objetivo de salvaguardar y proteger los bienes y recursos públicos.

Por esto he invitado a distintos conocedores de esas propuestas y recomendaciones, para que sean analizadas en la presente edición de nuestro órgano de difusión institucional. Porque mi deseo es que, a futuro, la revista Economía Colombiana, publicación que suma más de 70 años de vida, se constituya en un foro libre que permita y estimule la reflexión sobre los principales aspectos de nuestro diario quehacer y de las políticas sociales y económicas del país.

Como es natural, y en aras de enriquecer la discusión académica, de manera respetuosa, razonada y democrática los artículos aquí publicados no reflejan el criterio de mi administración, sino de quienes los plantean. El debate está abierto y, en su momento, participaré en el mismo.

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