NO EXISTE LA MENOR DUDA EN RECONOCER QUE LA MEJOR MANERA DE MANTENER UN STATU QUO DE INJUSTICIA, desigualdad e inequidad es mediante la manipulación estadística y un estado generalizado de corrupción y mentira.

En estas circunstancias es evidente la imperiosa necesidad de ir al encuentro de un proyecto de ley que reforme el régimen de control fiscal para proteger, como corresponde, los recursos públicos en el marco de la lucha contra la corrupción, y que la Contraloría General de la República direccione una política para optimizar los recursos públicos, evitando detrimentos patrimoniales a instancias de dotar al contralor de las facultades que le permitan el control fiscal en forma concomitante y preventiva, así como “posterior y selectiva”.

Cabe resaltar que el anterior modelo ha funcionado aislado institucionalmente, y que esta nueva reforma del control fiscal es de carácter nacional, regional, departamental y municipal con principio de desconcentración; al no eliminar las contralorías territoriales se logra llegar con toda su capacidad a la extensión del territorio nacional con las 65 contralorías bajo la supervisión del auditor General de la República.

Los retos se evidencian claramente en la tecnificación, con la introducción de instrumentos de análisis de datos, de big data y de programas que estandaricen el uso de los recursos y bienes públicos. En pocas palabras, mecanismos de revisión “en tiempo real” de las actuaciones de las diferentes entidades. Entre otras cosas, la modernización del Estado forma parte de la misión de este órgano decontrol y para 2020 contempla un presupuesto de 58.160 millones de pesos en inversión y requiere para su funcionamiento 517.760 millones de pesos, que en total serían 575.910 millones de pesos.

Con esta nueva reforma al régimen de control fiscal veremos una determinante mejora en el seguimiento de los recursos públicos, ya que con el anterior modelo la Contraloría solo recuperaba un 0,4 % de los recursos investigados. Esperamos, desde la sociedad civil, que ahora recupere el 100 % de esos recursos y que en ese orden de ideas, se destinen para mejorar el bienestar y el funcionamiento de nuestro país, pagando, de paso, la deuda social contraída con la nación.

Un ejemplo claro se da en los datos registrados por la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República y los registrados en los informes de gestión al Congreso de la República sobre las funciones de advertencia, en cifras, desde 2006 hasta 2015, con un total de 1.549 funciones, que en total sumaban 25,7 billones de pesos ($25.671.667.051.643), cifra nada despreciable y que supera con creces algunos renglones del Presupuesto General de la Nación.

Desde nuestra visión como sindicalistas resaltamos y celebramos todo lo que refleje transparencia y control sobre los procesos que tengan gestión acerca del uso y manejo de los dineros de la sociedad.

Por ello, estamos convencidos de que este nuevo modelo de control fiscal va a generar resultados positivos y, asimismo, permitirá enderezar el camino con ayuda de la participación ciudadana y de las denuncias fiscales, como un insumo entre otros organismos de control para activar de manera concomitante el mejoramiento e inversión de los dineros públicos, garantizando que lo gestionado sea en pro de lo que requiere el crecimiento social.

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