HAY CONSENSO ACERCA DE QUE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA SE SALIÓ DE LAS “JUSTAS PROPORCIONES” QUE ALCANZÓ A AÑORAR UN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y QUE ASCIENDEN A 50 BILLONES DE PESOS LO QUE SE ROBAN AL AÑO EN RECURSOS PÚBLICOS, CIFRA QUE VALIDAN LAS CLASIFICACIONES QUE PONEN EL PAÍS ENTRE LOS PRIMEROS EN LA CORRUPCIÓN GLOBAL.

Entre tantas corruptelas y el aumento del indignado ojo avizor de los colombianos se terminó por concluir que de la ladronera no se puede excluir a ningún sector, porque por cada caco entre los servidores públicos hay por lo menos un socio en la empresa privada y porque roban nativos y extranjeros, sin que estas verdades signifiquen que todos y cada uno de ellos sea un delincuente.

Para ser justos, hay que precisar que este fenómeno crece en el mundo al amparo del predominio del capital financiero sobre las otras formas de capital, porque este, según explica George Soros, “no es inmoral sino amoral”, que “les va mejor a quienes carecen de todo escrúpulo moral” y que “los inescrupulosos aparecen en la cumbre”, sentencias que tienen origen en cambios de importancia.

Al viejo aforismo de “hecha la ley, hecha la trampa” hay que agregarle “hecha la trampa, hecha la ley”, que significa que la corrupción puede ser legal porque, previamente, se cambiaron las normas. Y más en los días de la política montada sobre mentir con todo cinismo –con las fake news–, cuyo fin no es convencer a toda la ciudadanía sino a grupos lo suficientemente grandes para poder ganar el poder, conformados por compinches y engañados.

Se trata, en resumen, de un capitalismo de amigotes –de amiguetes, le dicen en España–, que se toma el Estado con el propósito de abusar de él, cálculo que exige ganar las elecciones como sea, porque no hay negocio más jugoso que controlar el presupuesto y las decisiones que se toman.

Que la corrupción en Colombia sea sistémica habla muy mal de los sectores políticos que lo han monopolizado. Pero no se propone este artículo analizar dicho fenómeno, sino comentar, muy brevemente, la reforma a la Contraloría General de la República, ente de control que también sale muy mal librado por su incompetencia, dado el tamaño de las cifras que se pierden cada año.

LA REFORMA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA APROBADA, QUE LOS CONGRESISTAS DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO VOTAMOS POSITIVAMENTE, AVANZA EN DOS DIRECCIONES QUE CONSIDERAMOS CORRECTAS.

● Aumentar su presupuesto para poder conseguir más instrumentos y más personal –incluidos especialistas en las complejidades del mundo de hoy– que permitan vencer las cada vez más complejas maniobras de los corruptos, diseñadas por las muy poderosas organizaciones criminales que utilizan la ingeniería o las finanzas, por ejemplo, como pretextos para ejercer su verdadera profesión de delincuentes.

● Dotar a la Contraloría de las normas necesarias para poder actuar –no como control previo, eso quedó claro– antes de que concluyan los asaltos al patrimonio público, y no como ocurre hoy cuando los pillos hacen de las suyas con todo descaro y el Estado debe limitarse a observarlos y a esperar a que terminen sus fechorías para, ahí sí, hacer lo que se pueda. Lo que resta es hacer votos para que la Contraloría, mediante concursos de excelencia, acierte en la selección de sus nuevos trabajadores y no ceda a las presiones del poder político.

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